Se incorporan 17 enmiendas del Consejo General al Real Decreto Ley de distribución de Seguros



  • 17 de las 18 enmiendas presentadas por la institución colegial han sido incorporadas en el RDL de Distribución de Seguros que se está tramitando en sede parlamentaria.
  • El Consejo General ha mantenido diferentes entrevistas con los principales grupos parlamentarios para trasladar sus enmiendas al referido texto legal.

El Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite 17 de las 18 propuestas de enmienda presentadas por el Consejo General (CG) a la Ley de distribución de Seguros. El plazo para la presentación de enmiendas al Real Decreto Ley (por el que se transpone la nueva normativa de distribución de seguros, IDD) finalizó pasado 29 de abril y el total de los grupos parlamentarios presentaron 122 enmiendas.

El Consejo General ha mantenido diversas entrevistas con los diferentes grupos parlamentarios con el objetivo de trasladarles las propuestas de la mediación profesional. El Consejo General informa que con la presentación de estas enmiendas se ha “pretendido corregir cuestiones de matiz que afectaban a los diferentes distribuidores de seguros, particularmente aquellas referidas a los mediadores de seguros, agentes y corredores de seguros”.

El escrito que la institución colegial presentó a todos los grupos parlamentarios dividía las enmiendas en dos categorías: una, referida a corrección o perfeccionamiento del texto legal, y otra, que contiene modificaciones más novedosas.

Entre las principales enmiendas admitidas se destacan las siguientes:

  • Regular las pruebas de aptitud en materias financieras y de seguros privados y fijar unos requisitos armonizados. El Consejo General Mediadores sería el organismo encargado de realizar dichas pruebas y emitir los certificados de los diplomas que las justifiquen (Art. 165.5).
  • Exigir a los comparadores de seguros un mínimo de cumplimiento equiparable al de las corredurías de seguros e igualarlos con la normativa que afecta a los comparadores financieros (Art. 159 bis).
  • Prohibir a los operadores de banca seguros utilizar los datos de sus clientes de las pólizas contratadas por los mismos con otras entidades aseguradoras (Art. 204.2).

Además, se han incorporado otras enmiendas como la referida a la modificación del Artículo 165.3, para que exista un registro central y único de los diplomas otorgados por los centros de formación; o que los corredores de seguros no necesiten la autorización individual de los clientes para traspasar una cartera de una entidad a otra, como pasa en el caso de las entidades aseguradoras (Art 156.5).

La presidenta del Consejo General, Elena Jiménez de Andrade, ha manifestado que “estas enmiendas que son fruto de muchos meses de trabajo han obtenido un respaldo importante por parte de los diferentes grupos parlamentarios y prueba de ello es la inclusión de las mismas en RDL, que de aprobarse, afectarían de manera muy positiva a todos los agentes y corredores de seguros españoles’.

La institución advierte también que quedan todavía trámites que superar, y añade que estiman necesario que la ley desarrolle un Reglamento ante las numerosas materias que regula, muchas de las cuales precisan una mayor concreción en aras a proteger a los profesionales y a los consumidores. Evitando confusiones en la interpretación práctica de la Ley.



“Los esfuerzos de todos los mediadores están en retener cartera y atender la siniestralidad”



Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Consejo General y presidenta entrante de la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros (WFII) y, ha analizado la situación actual del seguro, cómo han respondido los mediadores y las compañías de seguros en España ante la pandemia del Covid-19, en el programa ‘100% seguro’.

“Todavía es precipitado hacer un análisis y un balance de lo que puede ser el día después. Yo puedo decir lo que estamos viviendo hoy: una caída enorme en producción en todos los ramos. [Por tanto, por un lado], los esfuerzos de todos los mediadores están en retener cartera y en atender la siniestralidad que fundamentalmente se está produciendo en los hogares”. [Y por otro], atender los reclamos, principalmente en los ramos de Responsabilidad Civil y en áreas de pérdida de beneficios. [Aunque] se prevé un repunte importante de siniestralidad en el tercer trimestre del año”.

Sin lugar a dudas, la tecnología ha jugado un papel imprescindible en este confinamiento, como facilitador del trabajo del mediador: Llevamos años hablando de digitalización y, ahora, esta pandemia nos ha permitido poner en práctica todo lo que llevamos hablando tanto tiempo. La tecnología como un medio y no como un fin, es decir, un facilitador en las gestiones que nos permite conectar con el cliente y facilitar la información, pero el contacto personal, qué duda cabe de que una pantalla no es lo mismo, pero seguimos haciendo los mismos esfuerzos para [lograr] ese acompañamiento personal. Sin lugar a dudas, la tecnología ha llegado para quedarse y nos agilizará y provocará cambios en conductas importantes que facilitarán, yo creo, más eficiencia y operatividad”.

Dejando de lado la actuación de los mediadores, en su opinión, “las compañías de seguro en España, en general, están respondiendo con una fortaleza y un acompañamiento al asegurado muy potente. Desde el primer momento se admitieron a trámite todas las reclamaciones en el ámbito de la Salud […] Hoy, por tanto, no podemos decir que estamos en una situación de catarsis en nuestro sector, es más, todo lo contrario”.

Escucha íntegra la entrevista a Jiménez de Andrade y, además, la intervención del presidente de AAPAS, Roberto Saba.



El 12 de junio entra en vigor el incremento de los límites del seguro de Responsabilidad Civil de mediadores


Consejo General, a través de su circular 40/2020, ha recordado a sus colegiados que el próximo 12 de junio entran en vigor los nuevos límites de indemnización por siniestro y anualidad del seguro para los mediadores de seguros. Tal y como estipula la actualización llevada a cabo por la Comisión Europea mediante un Reglamento Delegado de mayo de 2019 y que también recoge el RDL de distribución de seguros de febrero de 2020.

En el caso de los agentes de seguros (exclusivos y vinculados), su responsabilidad civil profesional, derivada de su actuación, será imputada a la entidad aseguradora con la que hubiera celebrado un contrato de agencia. Sin embargo, esto no impide que contraten un seguro de responsabilidad civil en cuyo caso debe ser indicarlo en su publicidad y documentación mercantil.

No obstante, para los operadores de banca-seguros, esto varía. Ya que estos deberán, por un lado, acreditar que todas y cada una de las entidades aseguradoras con las que vaya a celebrar un contrato de agencia de seguros asumen la responsabilidad civil profesional derivada de su actuación. O, por otro, que dicho operador dispone de un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía financiera que cubra en todo el territorio de la Unión Europea las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, de al menos 1.250.000 euros por siniestro y, en suma, 1.850.000 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año, respecto a la actividad sobre la que no hubiera obtenido cobertura en virtud del contrato de agencia suscrito.

Algo similar ocurre con los corredores de seguros y de reaseguros, quienes también deberán contratar un seguro de responsabilidad civil profesional o cualquier otra garantía financiera, pero en este caso con una cuantía que pasa de 1.250.000 euros a, al menos, 1.300.380 euros por siniestro y de 1.850.000 euros a 1.924.560 euros para todos los siniestros correspondientes a un determinado año.

Estos profesionales deben, además, mantener una capacidad financiera que deberá en todo momento alcanzar el cuatro por ciento del total de las primas anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 19.510 euros (hasta ahora era de 18.750 euros), conforme a la actualización llevada a cabo por el Reglamento Delegado antes citado.

Sin embargo, recuerda CG, quedarán exentos de esta obligación si se cumplen los siguientes requisitos:

  1. contractualmente se ha pactado de forma expresa con las entidades aseguradoras que los importes abonados por los clientes se realizarán directamente en cuentas de pago de titularidad de aquellas;
  2. que, en su caso, el corredor de seguros ofrezca al tomador una cobertura inmediata, siempre y cuando la entidad aseguradora haya autorizado al corredor a recibir en nombre y por cuenta de esta las primas satisfechas por los tomadores;
  3. que en este caso el corredor entregue al tomador el recibo de prima emitido por la entidad aseguradora;
  4. que las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se entregarán directamente por las entidades aseguradoras a los tomadores de seguros, asegurados o beneficiarios.

La capacidad financiera podrá acreditarse mediante la contratación de un aval emitido por una entidad financiera o de un seguro de caución



El Consejo General recopila las 10 principales ayudas estatales para la mediación




  • Moratorias en los pagos, líneas de financiación y descuentos son las principales medidas destinadas a apoyar a mediadores, autónomos y pymes, para que continúen con su actividad en estos tiempos difíciles
  • Las autonomías ofrecen además ayudas similares a las estatales que pueden ser complementarias de éstas


La mediación está compuesta en su mayoría por pequeñas empresas y autónomos, muchos de los cuales han visto gravemente afectados sus negocios por las consecuencias económicas derivadas del COVID-19.

Los colegios de mediadores a través del Consejo General han recopilado las distintas ayudas habilitadas por la Administración Central a las que pueden acogerse. Estas son las 10 principales:

  1. Créditos ICO. Avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial y destinados a pymes y autónomos afectados por la crisis del Covid-19 con necesidades de financiación. Se pueden solicitar a través de las entidades financieras.
  2. Prestación por cese de actividad. Pueden solicitarla las empresas y autónomos cuya actividad ha tenido que detenerse, así como los que han tenido una caída de más del 75% en su facturación. Esta medida supone la exoneración en el pago de la cuota de autónomos, así como una prestación equivalente al 70% de la base reguladora por la que cotizan. Los interesados deben estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
  3. Aplazar impuestos. Pymes y autónomos pueden solicitar el aplazamiento de hasta 30.000 euros en el pago de impuestos por un plazo máximo de seis meses, con tres meses de carencia. En concreto, la medida afecta al pago de las retenciones del IRPF, cuotas repercutidas de IVA y pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades. Sólo se podrán acoger a esta ayuda las empresas cuyo volumen de operaciones no superase los seis millones de euros en 2019.
  4. Facilidades fiscales en el cálculo de ingresos. Las pymes y autónomos cuyos ingresos se calculan con arreglo a índices, signos o módulos pueden cambiar de sistema y acogerse al método de estimación objetiva, que en las actuales circunstancias refleja mejor los ingresos reales. Esta flexibilización afecta al cálculo de los pagos fraccionados del IRPF y al ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA.
  5. Aplazamiento de pagos a la Seguridad Social. Las empresas afectadas por el Covid-19 pueden posponer durante seis meses los pagos de las cuotas a la Seguridad Social de mayo, junio y julio, sin recargos ni intereses. Si el trabajador autónomo o la pyme adquiere deudas con la Seguridad Social y el plazo de ingreso es entre los meses de abril y junio de 2020, también podrá solicitar el aplazamiento del pago con un interés del 0,5%, siempre que no tuviera deudas anteriores.
  6. Moratoria hipotecaria y en alquileres. Los pequeños empresarios y autónomos que no tengan actividad como consecuencia del estado de alarma o que hayan sufrido pérdidas significativas pueden dejar de pagar la cuota hipotecaria de su local u oficina durante tres meses. Los interesados deben dirigirse a su banco para solicitar la aplicación de esta medida.
  7. Prestación por baja: Los autónomos que se hayan contagiado o que hayan tenido que permanecer en cuarentena por contacto con personas infectadas pueden solicitar la baja médica y como medida excepcional podrán recibir la prestación que corresponde a un accidente de trabajo. Para solicitarla hay que pedir el parte de baja al médico de cabecera y luego enviar la documentación a la mutua que corresponda al trabajador.
  8. Descuentos en la factura energética: Los trabajadores por cuenta propia que hayan percibido menos del 75% de sus ingresos habituales o que hayan cesado su actividad con fecha posterior al 14 de marzo podrán disfrutar del Bono Social de electricidad y gas. Deberán solicitarlo a las comercializadoras de referencia. Autónomos y pymes pueden también suspender temporalmente sus contratos de suministro o modificarlos sin penalización.
  9. Rescate de planes de pensiones: Se podrán hacer efectivos los derechos consolidados en los planes de pensiones, con carácter excepcional, los trabajadores afectados por un ERTE y los autónomos que han sufrido el cese de actividad o la reducción en un 75% o más de la facturación. Esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de previsión asegurados (PPA), planes de previsión social empresarial (PPSE) y mutualidades de previsión social.
  10. Ayuda al teletrabajo. El programa Acelera PYME pretende ayudar a estas compañías a mejorar el teletrabajo y la digitalización mediante herramientas y sesiones formativas. Se ha aprobado una línea de financiación de hasta 200 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial para atender las necesidades financieras de las pymes relacionadas con la compra y el leasing de equipamiento y servicios para la digitalización. Gran parte de las soluciones son para la dotación de herramientas para el trabajo no presencial.


Responsabilidad profesional de mediadores y COVID-19



  • La delegación del Consejo General participó el pasado 30 de abril en el webinar ‘Professional liabibility of insurance intermediaries and COVID-19’ organizado por la Federación Europea de Intermediarios de Seguros (BIPAR).
  • Eric Evian, presidente de CGPA Europe, analizó cómo la pandemia ha afectado al sector asegurador europeo y a los mediadores en su papel como defensor del consumidor

En el contexto de la crisis por la pandemia del Covid-19 los mediadores de seguros se enfrentan a situaciones y preguntas sin precedentes. Algunas de estas situaciones pueden tener un impacto en la responsabilidad profesional del agente o corredor de seguros. Para despejar dudas, la Federación Europea de Intermediarios de Seguros (BIPAR, por sus siglas en inglés) celebró un webinar impartido por Eric Evian, presidente de CGPA Europe, entidad especializada en Responsabilidad Civil de mediadores de seguros, que tuvo como eje transversal las consecuencias que la pandemia acarrea para la economía europea y el sector seguros en general y el canal mediado en particular.

Con un total de 71 asistentes virtuales y bajo la presidencia y dirección de Juan Ramón Pla y Nic De Maesschalck, presidente y director de BIPAR respectivamente, el presidente de CGPA Europe dio comienzo a la jornada con las cifras macroeconómicas de esta crisis. A día de hoy “las pérdidas incurridas, a consecuencia del COVID-19, ascienden a 80.000 millones de euros [a nivel global]” por tanto, esta pandemia tiene como consecuencia “un problema de límites agregados y de cúmulos”.

El riesgo de pandemia, totalmente inesperado e impredecible

Lo llamativo de la situación, matizó Evian, es que, a principios de año, cuando aseguradores y brokers internacionales, en sus análisis de los principales riesgos para este 2020 mencionaron incendios, cambio climático, ciberriesgos y tecnología disruptiva, entre otros, pero ninguno “contempló, ni remotamente, el riesgo de pandemia […]. Ha sido, por tanto, totalmente inesperado e impredecible”.

No obstante, eso no ha impedido que el COVID-19 haya afectado a diferentes líneas de negocio: contingencias, D&O, Responsabilidad Civil patronal, riesgos marítimos, Accidentes Personales, y seguros de Salud, Viajes, Crédito y Reaseguro. “Lo que está dando lugar a una contracción de la capacidad aseguradora”, puntualizó el presidente de CGPA Europe.

Como muestra de estas afirmaciones, señaló que la industria aseguradora británica está siendo “fuertemente golpeada”: se han formulado cinco class actions contra el Lloyd’s y otras aseguradoras. Mientras que en Francia se ha presentado otra, pero frente a una única entidad.

La cobertura de pérdida de beneficios, excluida

Evian resaltó que la incidencia de la pandemia en la cobertura de pérdida de beneficios (business interruption“ha de entenderse excluida”, ya que la pandemia no genera daño material a las instalaciones industriales y éste es requisito “necesario” para que entre en juego dicha cobertura. Además, continuó, “la causa de la pérdida de beneficio no se encuentra en el propio coronavirus sino, en todo caso, en la prohibición de operar. Nada tiene que ver tal prohibición gubernamental con un daño material a las instalaciones”. Resaltó que, el 95% de las pólizas de pérdida de beneficios no cubren siniestros relacionados con el COVID-19, y sólo un 5% podría hacerlo. Más específicamente, sólo resaltó un seguro que comercializaron Marsh y Munich Re que cubría metabiota, pero dejó de comercializarse por falta de demanda.

En cuanto a la situación de los mercados, el presidente resaltó que las aseguradoras “han endurecido su actitud frente a los siniestros”, circunstancia que afecta principalmente a las pequeñas y medianas empresas (cafés, bares, restaurantes, etc.).

Los mediadores, en defensa del consumidor

En lo que se refiere a aseguradoras y mediadores, Evian destacó que, desde el 1 de abril, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, por sus siglas en inglés) “urgió” a estos a adoptar las medidas necesarias para mitigar el impacto del coronavirus en los consumidores, de acuerdo con los artículos 17 a 19 de la IDD. Es más, la EIOPA, remarcó, ha planteado dos acciones concretas: Por un lado, “facilitar información clara a los consumidores sobre sus derechos” y, por otro, “tratar al consumidor equitativamente”.

Como cierre a su ponencia, Evian señaló que, en su opinión, “los mediadores se han visto atrapados entre los tomadores de seguros y las aseguradoras, siendo ésta una de las lecciones principales a aprender”.



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